Un debate recurrente en el ámbito de la política cultural nace de la contraposición de dos nociones opuestas de cultura: la visión de la ésta como derecho o como recurso. Los defensores del primer posicionamiento consideran que el Estado ha de garantizar el acceso a la cultura y que debe de ser preservada, en la medida de lo posible, de los vaivenes del mercado. Al contrario, quien defiende el segundo enfoque, sostiene que la cultura es un excelente recurso tanto económico como para lograr otros fines (cohesión social, desarrollo, regeneración urbana…). Esta visión tan instrumental implica que las entidades privadas han de ser las que gestionen e inviertan en cultura, por lo tanto, su verdadera democratización tan sólo es posible gracias al mercado. Bajo esta perspectiva, a principios de la década de los 80 se empezó a extender una práctica en muchas de las ciudades europeas y estadounidenses: se diseñan políticas públicas con el objetivo de impulsar la recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural para de esta manera, atraer turismo y poner en valor los centros urbanos. Las industrias creativas en la década de las noventa contribuyeron a afianzar este proceso, con la explosión de festivales y grandes eventos culturales. En estos momentos hay un debate abierto en torno a cómo poner en valor elementos mucho más intangibles de la vida urbana que implican una visión mucha más amplia de lo que es cultura: la creatividad, el coolness, el estilo de vida, etc. que se presentan como recursos infinitos al servicio de la producción de valor.

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